lunes, 15 de agosto de 2016

Opositores Cubanos frente al Pelotón de Fusilamiento



Alomejor algunos piensan que es una exageración de mi parte o que estoy tirando piedras a quienes me notificaron una decisión judicial. Pero les puedo asegurar que ni lo uno ni lo otro. Cuando afirmo que el Tribunal de Santiago de Cuba es un pelotón de fusilamiento con todas las de la ley sólo estoy haciendo un acto de justicia en favor de los cientos de miles que han sufrido por las malas decisiones de jueces que sólo están apegados a lo que les ordena el régimen castrista y si no pregúntenle a los opositores que han sido y son condenados en las Salas de Lo Penal.
Pero no sólo los opositores figuran como víctimas del sistema legal, también ciudadanos sin filiación política ven como sus derechos son violados. Me refiero a la gente que es condenada sin que se tenga en cuenta su declaración, a los testigos que son presionados y especialmente aquellos cubanos que son golpeados bárbaramente por efectivos de la Policía y al final figuran como acusados por el delito de Atentado.
Y esa es la “justicia” y contra la cual tenemos que luchar y seguir presionando para que los jueces sepan que con el cambio y la democracia también llegará su hora de rendir cuentas, y explicar por qué fueron cómplices de un poder oscuro, por qué condenaron o absolvieron de manera tan arbitraria.
 Sobre estas cosas pensaba cuando me decidí a escribir este post. Les cuento que a principios de julio presenté una demanda contra la ciudadana Yanet Elina Rivas Zamora, quien es una conocida represora del Reparto Santa Bárbara, quien ha participado en varios actos de repudio contra miembros de la oposición, especialmente de Concilio Cubano y que ahora se dedica al contrabando de ropas, gozando totalmente de la protección que le de la Policía Política y el DTI. La demanda presentada y donde yo mismo asumía mi representación como Acusador Particular tenía como fin obtener un veredicto de culpabilidad por injurias y calumnias que la acusada había proferido en mi contra el 30 de junio del 2016.
La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba recibió el escrito acusatorio y todas las pruebas que presenté. Pero el 19 de julio del 2016 la jueza Ana Nacly Suárez García dispuso la devolución porque según ella faltaba el Certifico del Registro de Abogados que “demostraba la capacidad para el ejercicio de la abogacía”.
La Presidenta del Tribunal reconoce que yo había aportado la fotocopia legalizada de mi Título de Licenciado en Dercho, más otra certificación del Ministerio de Educación, pero pedían otro documento, que dicho sea de paso había que conseguirlo en Ciudad de la Habana. Por supuesto que esto no era más que una táctica dilatoria para favorecer a la represora que aparecía como acusada en la causa. Puedo decir que soy archiconocido en el mundo de los juristas de la provincia Santiago de Cuba, así que tal certifico no era necesario.
Pero para sorpresa de los jueces y la Policía Política pude obtener en una semana dicho Certifico y acreditarlo. Presenté nuevamente la demanda y en fecha 5 de agosto el Tribunal dictó el Auto No.37/2016 de fecha 5 de agosto del 2016 mediante el cual se declaraba inadmisible la Querella Criminal porque  los hechos narrados por mí no constituían delito.
Todo esto sin practicar las pruebas que propuse y sin realizar Juicio Oral. Se me dió un término de 10 días para apelar al Tribunal Supremo, algo que haré en los próximos días. Voy a dejar al desnudo nacional e internacionalmente esta basura jurídica.
Una vez más estamos los opositores cubanos frente a las malas decisiones de la Sala Primera de lo Penal, un verdadero Pelotón de Fusilamiento que tenemos en Santiago de Cuba.

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