miércoles, 11 de marzo de 2015

A siete años de Entrega de Tierras Ociosas en Usufructo...






Por el Msc. Luis Alberto Castellanos Peña.
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Unas de las medidas de mayor impacto social resultó la puesta en vigor desde el año 2008 por medio del Decreto Ley 259/2008 “ Sobre la Entrega de Tierras Ociosas en Usufructo” posteriormente modificado por el Decreto Ley 300/12  y sus respectivos reglamentos, mediante estos instrumentos normativos se puso en vigor parte de la nueva política agraria en correspondencia a los lineamientos 178, 187, 189, 197, 198 y 206, pertenecientes al Capítulo VII: Política agroindustrial de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del Partido para la actualización del modelo económico cubano.  

De acuerdo a los fundamentos legales y fácticos que resultaron enunciados por los referidos cuerpos legales se pretendía en sentido general eliminar el porcentaje considerable de tierras estatales ociosas, haciéndose  necesario la entrega de tierras en usufructo a personas naturales o jurídicas, con el objetivo de elevar la producción de alimentos y reducir su importación. De acuerdo a datos recientes hasta la fecha con esta política habían sido beneficiados en el país más de 176 mil personas y se había entregado  en usufructo más de un millón quinientas mil hectáreas, quedando pendiente por entregar menos del 10 por ciento de las tierras aún ociosas.

Sin embargo en medio de toda esta situación en la provincia de Santiago de Cuba no se logra apreciar el incremento en la producción de alimentos, por el contrario lo que se exhibe es un considerable y constante aumento general de los precios de los mismos debido fundamentalmente al descrecimiento productivo de productos básicos en la alimentación del cubano, tales como la carne de puerco y sus derivados, viandas, hortalizas y vegetales, condimentos entre otros. Situación similar ocurre en el resto de las provincias del país con escasas excepciones.

En realidad la condición de usufructuario se encuentra conectada a la  obligación de asociarse a una cooperativa de producción agropecuaria constituyendo este requerimiento unos de los aspectos de mayor insatisfacción y critica dentro de los usufructuarios; aún se espera con agotamiento la existencia de un mercado de tipo mayorista que logre satisfacer con mejores precios y calidad la demanda de recursos y medios imprescindibles para la actividad agrícola; la política crediticia aprobada para el sector no resulta satisfactoria, ni estimulante; así mismo cuando se realiza una simple investigación de los sujetos favorecidos por esta normativa se puede constatar que todas estas personas han logrado garantizar otros beneficios y planes alejados de los propósitos reales de la norma:
1.    Eliminar el porcentaje considerable de tierras estatales ociosas.
2.    Elevar la producción de alimentos y reducir su importación.

Por el contrario, los beneficiarios han resuelto obtener otras ventajas tales como; nueva forma de empleo y de seguridad social; necesidades relacionadas a la carencia de vivienda; vía de obtención de reconocimiento social e institucional, entre otros que se distancian del verdadero espíritu normativo. Resultando habitual y conocido que algunos usufructuarios compren determinada cantidad de productos agropecuarios a terceros para poder cumplir con sus obligaciones de entrega como usufructuarios, es decir el mismo producto pasa de manos en manos antes de llegar a destino final y todo para conservar y lucrar del estatus como usufructuario así como poder gozar de las demás ventajas que le ofrece dicha condición.

No dudo que en cualquier momento pudiera desatarse algún caso de lavado de dinero u otro tipo delictivo, pues las condiciones están creadas y todo al parecer es cuestión de tiempo.
 

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