martes, 31 de julio de 2012

Seminario: "El Uso politico de la ley"

Seminario: “El uso político de la ley. La Ley de Procedimiento Penal y su aplicación en Cuba”

Seminario: “El uso político de la ley. La Ley de Procedimiento Penal y su aplicación en Cuba”

Objetivos: Analizar el contenido de los artículos de la Ley de Procedimiento Penal Cubana, para  poder reaccionar de una forma más eficaz ante las violaciones que se cometan  por el actual régimen.

En el caso cubano es necesario siempre revisar si en la práctica se aplica la fórmula del equilibrio de poderes  para definir si se está haciendo un uso correcto de la ley.

En nuestro país, las autoridades son electas con votaciones superiores al 90 %, aunque es dable señalar que en muy pocas ocasiones el elector conoce al candidato que lo habrá de representar en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Qué garantías deben existir para asegurar el debido equilibrio entre los poderes.
La delimitación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no es suficiente para proteger al ciudadano de posible abusos.

Es por ello que se hace más que necesario la existencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales que sea capaz de invalidad una norma emanada del Estado cuando ésta viole los postulados de la Constitución de la República.

El marco legal vigente en Cuba desde 1959 se ha desarrollado bajo la sombra de un Estado centralizado y dictatorial, trayendo esto como consecuencia la interpretación y aplicación de las leyes en el contexto de una cultura autoritaria y discrecional. Tal es el caso de la Ley 88 o “Ley Mordaza”, el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. Estos cuerpos legales encarnan la voluntad de una cúpula alejada por completo de los intereses y anhelos del pueblo. Este grupo minoritario de octogenarios y sátrapas intentan frenar cualquier atisbo de libertad.

Sobre las normas se ha impuesto la voluntad del poder de Fidel Castro. Todos aquellos que se han apartado de sus postulados han sido castigados severamente. Y aunque es cierto que la ley debe cumplirse, es una verdad irrebatible el hecho de que debe ser el gobierno el primero y más estricto observante de la misma.

Este principio es de suma importancia al momento de reclamar nuestros derechos ante la autoridad competente y demostrar cómo ésta viola sus propias leyes.

Es preciso señalar que no basta con el conocimiento de la ley, sino que además debe ser ejercitado nuestro derecho de exigir su cumplimiento o la restauración.
El control del funcionamiento de los órganos del Estado se encuentra reglamentado en la Constitución de la República, la que incluso obliga a estos cumplir con el mandato que le ha sido dado sin excederse, por lo que son nulos todas aquellas acciones de funcionarios públicos que se aparten del contenido que se expresa en el artículo 10 de nuestra Carta Magna.

Las decisiones de los jueces y fiscales restituyen, modifican o despojan a los sujetos de derechos y obligaciones concretas. La manipulación de la ley ha sido un instrumento de control político por parte del Estado cubano.
Y es que cuando en un país no existen equilibrios democráticos la última palabra la tendrá quien detente el poder.

Es muy usual ver como en Cuba son castigados únicamente aquellos que son enemigos del que ejerce la dirección de una empresa o del país. La ley no es aplicable para los amigos del jerarca.

En el caso de los opositores cubanos y demás miembros de la sociedad civil reviste gran importancia el conocimiento de la Ley de Procedimiento Penal. Ella regula nuestros mecanismos de defensa y a la vez el actuar de la autoridad en cada caso del proceso, dígase Juez, Fiscal o Instructor.

Existen algunos artículos que deben ser analizados particularmente y que a continuación mostramos:

ARTÍCULO 2.-Los funcionarios que intervienen en el procedimiento penal vienen obligados, dentro de sus respectivas atribuciones, a consignar en las actuaciones y apreciar en sus resoluciones las circunstancias, tanto adversas como favorables al acusado, y a instruirlo de los derechos que le asisten.

En nuestro sistema de justicia los funcionarios que intervienen en todo proceso penal deben advertir al acusado de sus derechos, independientemente, esto incluye el de hacerle saber que no está obligado a declarar. Esto pocas veces se cumple, y en cambio, se tortura al detenido de diversas formas para que éste preste su declaración, casi siempre “reconociendo” su supuesta culpa. Muchas veces los Instructores mienten haciéndole creer al acusado que si declara y “reconoce”, la sanción que imponga el Tribunal será más benévola. Es importante que se conozca que ni el Instructor ni el Fiscal pueden disminuir la sanción, sólo el Tribunal puede apreciar esta atenuante, siempre y cuando la declaración haya sido eficaz a tal punto que ayudase a descubrir detalles o elementos del delito trascendentales, algo que hubiese sido imposible sin la colaboración del acusado, y repito, tiene que ser trascendente a los efectos del fallo que el Tribunal va a  dictar.

Bajo este prisma, es casi inaplicable la atenuante que recoge el artículo 52 inciso ch) del Código Penal. Por eso recomendamos a todo aquel que figure como acusado en un proceso penal, esté o no en prisión provisional, a no emitir ningún tipo de declaración sin antes consultar con su abogado.

ARTICULO 86.-(Modificado) La diligencia de citación se hace por medio de cédula expedida por el Secretario, la que contendrá los particulares siguientes:
1. Expresión del Instructor, Fiscal o Tribunal que la disponga;
2. nombres y apellidos del que deba ser citado y dirección de su domicilio o lugar donde deba practicarse esta diligencia:
3. objeto de la citación;
4. lugar, día y hora en que deba concurrir el citado;
5. apercibimiento de que si no concurre sin justa causa se le impondrá multa de cincuenta pesos, y si se tratare de segunda citación, de que podrá ser acusado por el delito procedente.
La citación debe hacerse personalmente, si fuere posible; en su defecto, por medio de familiar mayor de dieciséis años que resida en el mismo domicilio, de un vecino o del correspondiente Comité de Defensa de la Revolución.
Cuando la citación no se haga personalmente al interesado, en la diligencia de entrega de la cédula de citación se hará constar la obligación del que reciba la copia de dicha cédula, de entregarla al que debe ser citado inmediatamente que éste regrese a su domicilio, o lugar señalado para practicar dicha diligencia, con los apercibimientos procedentes, si deja de entregarla.
De no ser posible la citación en algunas de las formas previstas anteriormente, puede utilizarse el correo, telégrafo, radiotelégrafo, teléfono o cualquier otra vía de comunicación, con indicación precisa de los particulares enumerados al inicio de este Artículo. 


Este es uno de los artículos más violados por la Policía Política, toda vez que en las citaciones y emplazamientos jamás consignan el motivo de tal requerimiento. Esta accionar ilegal debe siempre ser denunciado por los opositores y exigir en el acto que se cumpla con lo establecido o simplemente dejar de asistir a la citación, recordemos que la ley nos ampara pues el artículo 90 de la propia Ley de Procedimiento Penal aclara que son nulas todas las citaciones y emplazamientos que se aparten de lo dispuesto en el artículo 86.



ARTICULO 90.-Son nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen sin observar lo dispuesto en este Título.
 ARTICULO 118.- (Modificado) Las denuncias pueden hacerse por escrito o de palabra, personalmente o mediante terceros. La denuncia que se haga por escrito se firma por el denunciante, y si no puede hacerlo, lo hará otra persona a su ruego. Cuando la denuncia sea verbal, la autoridad o funcionario que la reciba extenderá acta en la que, en forma de declaración, se consignará cuanto exprese el denunciante en relación al hecho denunciado, sus circunstancias y sus partícipes; y la firmarán ambos a continuación. Si el denunciante no puede firmar, estampará su impresión dactilar o, en su defecto, la firmará otra persona a su ruego.
El que reciba la denuncia, sea verbal o escrita, hará constar la identidad del denuncian-te y la comprobará por los medios que estime suficientes. Si el denunciante lo exigiere, se le dará constancia de haber presentado la denuncia.

ARTICULO 161.-Ningún acusado tiene obligación de declarar en su contra. El Instructor, cumplida la formalidad a que se refiere el Artículo anterior, estará en el deber de hacerle saber de qué se le acusa, por quién y los cargos que se le dirigen, e instruirlo del derecho que le asiste para prestar declaración, si quisiera hacerlo, lo cual podrá realizar en cualquier momento y cuantas veces lo solicite.
ARTÍCULO 162.-Las declaraciones que hagan los acusados y las respuestas que den serán orales. En la fase preparatoria del juicio estas declaraciones se recogerán por escrito, procurándose consignar las propias palabras de que se haya valido. No obstante, en esta fase, podrán redactar por sí mismos las respuestas y consultar, a dicho objeto, apuntes y notas.
ARTICULO 163.-Se permitirá al acusado manifestar cuanto tenga por conveniente en interés de su defensa y para la explicación de los hechos, y en vista de su dicho se ordenará la práctica de las diligencias conducentes a la comprobación de esas manifestaciones.

ARTICULO 165.-Cuando la declaración se consigne por escrito, se instruirá al acusado del derecho que le asiste de leerla por sí mismo. Si no usare de ese derecho, le será leída por el actuante. Seguidamente, será firmada por todos los que intervengan en el acto.
ARTÍCULO 166.-No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Toda declaración obtenida con infracción de este precepto será nula, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

El régimen cubano tortura física y psicológicamente a los acusados ya sea en delitos comunes o políticos. No debemos dejar de denunciar cualquier tortura a la que seamos sometidos.

 ARTICULO 170.-(Modificado) Pueden excusarse de la obligación de declarar:
1. Los ascendientes y descendientes del acusado, su cónyuge y demás parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
2. el Abogado del acusado respecto a los hechos relativos al proceso que éste le haya confiado en su calidad de Defensor.
Siempre que alguna de las personas antes señaladas concurra como testigo, será instruida del derecho que le asiste de abstenerse de declarar, pero si opta por hacerlo, se le advertirá de la obligación de ser veraz en sus manifestaciones, sobre todo cuanto se le pregunte y de la responsabilidad penal en que incurriría si faltare en ellas a la verdad.
El testigo comprendido en las relaciones indicadas en los Apartados 1) y 2) del párrafo anterior con uno o más de los acusados, está obligado a declarar en cuanto a los otros con respecto a los cuales no concurran dichas circunstancias, a no ser que su declaración pueda afectar a su pariente o defendido.

ARTÍCULO 172.-Ningún testigo puede ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda perjudicar material o moralmente y de una manera directa o importante a su persona, honra o intereses, o a la persona, honra o intereses de alguno de los parientes a que se refiere el Artículo 170.
 ARTICULO 197.-El careo se realiza recordando a cada uno de los testigos a que se refiera, el contenido de su declaración en el punto en que hayan discordado, requiriéndoseles para que ratifiquen el mismo o si tienen alguna modificación o aclaración que hacer, previa advertencia de la obligación en que están de decir verdad y de la responsabilidad en que podrían incurrir si faltaren a ella. Si ambos se mantienen en sus dichos respectivos, se les exhortará a que se pongan de acuerdo.
No se permitirá que los careados se injurien, amenacen o en cualquier forma se manifiesten incorrectamente.
Del careo se extiende acta en la que se hace constar todas sus incidencias.


ARTÍCULO 199.-Puede disponerse el careo de testigos con acusados y de estos entre sí, a instancia de parte o de oficio.
En todo caso es necesario que el acusado o acusados se presten a llevarlo a efecto.
Respecto a la forma de practicarlo, se observarán las disposiciones que anteceden, si bien no se harán al acusado las previsiones del Artículo 197.


En cualquier momento en que un acusado desista de continuar tomando parte en el careo, éste  se dará por terminado.


Recomendamos no participar en los careos, ya que en dicha acción prima la percepción que tenga el oficial actuante, no basta con que usted firme el acta, ya que existe otro documento donde el Instructor actuante refleja su criterio acerca de lo que ocurrió, el cual rara vez favorece al acusado. Y es precisamente esta valoración la que es tenida en cuenta por el Tribunal al momento de adoptar una decisión.

ARTÍCULO 241.-Nadie puede ser detenido sino en los casos y con las formalidades que las leyes prescriben. 
ARTICULO 243.-La autoridad o agente de la policía tiene la obligación de detener:
1. A cualquiera que se halle en alguno de los casos del Artículo anterior; se haya fugado encontrándose detenido o en prisión provisional; o exista contra él orden de detención;
2. al acusado por delito contra la seguridad del Estado;
3. al acusado por un delito cuya sanción imponible sea superior a seis años de privación de libertad;
4. al acusado por cualquier delito siempre que alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que los hechos hayan producido alarma o sean de los que se cometen con frecuencia en el territorio del municipio;
b) que existan elementos bastantes para estimar fundadamente que el acusado tratar de evadir la acción de la justicia.
ARTICULO 244.-(Modificado) Al efectuarse la detención de alguna persona se extenderá de inmediato un acta en que se consignará la hora, fecha y motivo de la de-tención así como cualquier otro particular que resulte de interés. El acta será firmada por el actuante y el detenido.
A instancia del detenido o de sus familia-res, la Policía o la autoridad que lo tenga a su disposición informará la detención y el lugar en que se halle el detenido, así como facilitará la comunicación entre ellos en los plazos y en la forma establecida en las correspondientes disposiciones.


ARTICULO 245.- (Modificado) La Policía no podrá mantener una persona detenida por más de veinticuatro horas. Dentro de ese término estará obligada a adoptar alguna de las decisiones siguientes:
1. Poner en libertad al detenido;
2. imponerle alguna de las medidas cautela-res previstas en la Ley, excepto la de prisión provisional, que sólo podrá aplicarse por el Fiscal que corresponda
3. dar cuenta al Instructor con el detenido y las actuaciones.
La aplicación de la medida cautelar impuesta al acusado le será notificada de inmediato por la Policía mediante la propia resolución que la dispuso, teniéndose por efectuada dicha notificación con la consignación en la resolución de la fecha y las firmas del actuante y el acusado. 


Estos artículos son los que recogen nuestros derechos en el acto de la detención. Cualquier detención que no se ajuste a lo estipulado en este capítulo puede considerarse como detención arbitraria. Todo opositor que sea detenido a la salida de una actividad o en medio de la misma puede afirmar que ha sido detenido arbitrariamente puesto que el artículo 243 apartado 2 autoriza a la policía a detener al acusado por delito contra la seguridad del Estado, es sólo al acusado, a aquella persona que está en medio de un proceso penal. Sin embargo la Policía Política detiene de manera arbitraria a todo opositor que intenta llegar hasta donde tiene lugar una Reunión de su Organización o cuando sale de la misma, violando  así la Ley de Procedimiento Penal.

 ARTÍCULO 219.-La resolución que dispone la entrada y registro determina su objeto preciso; las razones que justifican adoptar la medida; y el edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse. También expresa el nombre del funcionario o agente de Policía designado para su práctica, cuando no la realice por sí la propia autoridad.
ARTÍCULO 220.-El registro se practica en la forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles, así como extenderlo a extremos ó particulares ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito.
ARTICULO 221.-Los agentes de policía, asimismo, pueden proceder de propia autoridad al registro de un domicilio cuando haya orden de detención o mandamiento de prisión contra una persona y al tratar de llevar a efecto su captura se refugia en él; cuando un individuo sea sorprendido en flagrante delito; o cuando un delincuente o presunto delincuente, inmediatamente perseguido por los agentes de la autoridad, se oculte y refugie en alguna casa.
El registro se hace en presencia del morador principal, y si no es habido o rehúsa concurrir a la diligencia o nombrar persona que lo represente, se practica, de haberlo, a presencia de un familiar mayor de dieciséis años de edad. En todos los casos, a menos que sea imposible, se hará a presencia de dos vecinos próximos.
El registro se practica siempre por la autoridad o agente en quien se delegue expresamente, a presencia de las personas de que habla el párrafo anterior y del mismo se extiende acta que firman todos los que intervienen en la diligencia.
Si no se encuentran las personas u objetos que se buscan, ni aparecieren indicios sospechosos, se expedirá una certificación del acta a la parte interesada, si la reclama.


Es importante observar que la Resolución debe estar fundamentada, debe aparecer en ella no sólo los datos exactos del domicilio que será objeto del registro, así como las razones que motivaron a tal acción es decir, los elementos que valoró la autoridad antes de autorizar el Registro, los motivos, el objeto preciso, es decir qué es lo que se busca, y por qué se busca en mi domicilio y no en otro.

Una Reacción eficaz

Debemos dejar de escudarnos tras una frase de conformismo y emplear métodos más eficaces para reaccionar ante las violaciones que la Policía Política comete contra nosotros.
Aquí mostramos algunas de nuestras recomendaciones:

Violaciones cometidas Acciones legales que podemos realizar Instancias gubernamentales donde pueden ser presentadas.
Detenciones arbitrarias y acciones que impiden nuestro libre movimiento. Denuncia por el delito de Coacción Fiscalía Militar, Ciudadanía, Consejo de Estado de la República de Cuba, Asamblea Nacional del Poder Popular, Sedes del Partido Comunista, Delegado de la Circunscripción, Presidente del Consejo Popular.
Sustracción o despojo de nuestras pertenencias, tales como cámaras, teléfonos celulares y computadoras entre otros. Denuncia por el delito de Hurto o de Robo Con Violencia e Intimidación en las personas según sea el caso Fiscalía Militar, Ciudadanía, Consejo de Estado de la República de Cuba, Presidente del Consejo Popular.
Acciones de la policía política donde resultamos lesionados Denuncia por el delito de Lesiones. Fiscalía Militar, Ciudadanía, Consejo de Estado de la República de Cuba, Presidente del Consejo Popular.
Uno de los argumentos esgrimidos por la Policía Política al despojarnos arbitrariamente de un bien que nos pertenece es el que no tenemos propiedad del mismo, algo que no se ajusta a las normas legales vigentes en nuestro país.
El Código Civil Cubano reconoce a la Usucapión como una de las formas de adquirir y trasmitir la Propiedad, en su artículo 184, el legislador definió y reguló la usucapión de la siguiente manera:

Artículo 184.1: El que sin ser propietario de un bien lo posee a título de dueño, adquiere la propiedad por el transcurso del tiempo, cuando concurren los requisitos establecidos en la ley.

2. La posesión ha de ser pública, pacífica y no interrumpida.

Es decir, que un artículo cualquiera, cámara digital memoria flash, laptop, puede ser adquirido en propiedad aún y cuando no se posea título de propiedad, aún y cuando haya sido otra  persona la que compró el artículo en la tienda.
Es dable recordar que es la Policía la que tiene que demostrar que el artículo ocupado no es nuestro, y esto no se logra con la simple pregunta de si tenemos o no papeles. La Policía está en la obligación de demostrar que es otro el dueño del bien que poseemos. Por otro lado, estos agentes no tienen la facultad legal para ocupar de manera indefinida los bienes. Sólo el Tribunal competente podrá mediante sentencia determinar si se decomisa o no los bienes que nos han sido ocupados.
Basta con demostrar que hemos poseído un bien de manera pública, pacífica y no interrumpida. Para ello necesitamos pruebas, testificales en el mejor de los casos, de personas que puedan acreditar que poseemos la propiedad de un bien a título de dueño durante x tiempo, de forma pacífica y sin que la posesión haya sufrido interrupciones.

Conclusiones

La garantía de legalidad es uno de los conceptos más importantes en un régimen democrático.

Mediante la racionalidad de la libertad, los legisladores deben promulgar leyes que sean la voluntad colectiva del pueblo. La libertad debe estar íntimamente relacionada con los postulados de cada cuerpo legal.
Con mucha frecuencia nuestros derechos son violados, somos detenidos arbitrariamente, otros son golpeados en plena vía pública y sufren el despojo de sus pertenencias, a manos de la Policía Política, sin embargo vale preguntarnos, cuántos de nosotros acudió a la Fiscalía Militar y formuló una acusación formal contra estos oficiales.  A veces nos cubrimos con el mismo pretexto de siempre “para qué, si todo queda en familia, de nada vale acusar o quejarse”.
Si actuamos de esta manera, estaremos no sólo validando las violaciones que comete un régimen dictatorial, sino que le estamos invitando a que continúe transgrediendo las reglas, perpetuaremos el sistemático incumplimiento de normas, que en gran medida son letra muerta, debido a que no reaccionamos eficazmente.
Urge una modificación de todo el sistema legal cubano. Pero se necesita también que todos los miembros de la oposición conozcan cabalmente las normas que en materia penal existen en nuestro país, para hacer uso de los pocos derechos que nos asisten y comprender cuándo estas son manipuladas por las autoridades actuantes.

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